Santa Cruz: el gobierno provincial denuncia el manejo de fondos de una fundación dirigida por un cura K
EL CALAFATE.- El gobierno de Santa Cruz denunció en la justicia provincial a la Fundación Valdocco por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública por el manejo de fondos que reciben de los ministerios de Desarrollo Social y Educación. En la administración de Claudio Vidal cuestionan las rendiciones y dudan sobre el destino final de los beneficiarios, en su mayoría niños y adolescentes de la comunidad wichi, oriundos de Chaco pero que residen en Santa Cruz. El referente de la fundación, el cura kirchnerista Juan Carlos Molina, denunció ser víctima de una “persecución política”.
En medio de la polémica que ocupó la agenda local, el gobernador respaldó la actuación de sus ministros y calificó de “falso profeta” a Molina, en tanto que puso su principal foco sobre el caso de “ocho niños que no hablan más que wichi y de quienes no se tiene información sobre sus familias”. Tras la denuncia presentada en la justicia por el fiscal de Estado, Ramiro Castillo, Vidal aseguró: “Me parece poco ético y poco moral que alguien que lleva la palabra de Dios y que habla de proteger a los niños tenga doble cargo, doble función en distintas provincias, que tenga doble salario él y parte de su equipo”.
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Tras la inspección y antes de que se conociera la denuncia en la justicia, el cura Molina compartió el mensaje que recibió del papa Francisco: “Te acompaño y rezo por vos. No pierdas la paz (aunque te cueste). En tu corazón rumia: ‘Bienaventurados cuando los persigan por causa de la justicia’. Por favor no pierdas el sentido del humor. Por favor no te olvides de rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”, dice parte del mensaje que compartió el cura a través del programa de radio que conduce, “Rompiendo Moldes”, y que se transmite por Radio 10.
La Fundación Valdocco, que en Santa Cruz tiene sede en Cañadón Seco y El Calafate, recibe de parte del gobierno provincial fondos para el pago de salarios docentes y asistenta para los comedores escolares de tres instituciones. Los acuerdos fueron firmados durante los gobiernos kirchneristas anteriores. El actual gobierno investiga si cumple con la escolarización comprometida, además de los números de los alojados, en tanto que sospechan que hay pupilos que a su vez reciben salario como docentes, según aseguró el propio Vidal.
Por su parte, fuentes oficiales informaron que la transferencia solo en concepto de salarios docentes en el mes de octubre de este año fue de $473.584.897 para las tres sedes educativas que la Fundación tiene en Santa Cruz, una en Cañadón Seco y dos en El Calafate, además de $20 millones de manera bimestral que se destinan desde el Ministerio de Desarrollo Social para asistir a los comedores de las tres escuelas.
Molina, cercano a la exgobernadora Alicia Kirchner y extitular durante un breve período de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Sedronar, durante la presidencia de Cristina Kirchner, rechazó los cuestionamientos que le hicieron desde el gobierno provincial y cuestionó la inspección que realizó una delegación de funcionarios provinciales junto a la jueza de Familia de Caleta Olivia, Rosa González, en la sede “Casa Pibes de la Patagonia, Hogar y Casa Terapéutica”, ubicada a 20 kilómetros de Caleta Olivia.
Tras la recorrida, originada en una presentación realizada por la presidenta del Consejo de Educación, Iris Rasguido, por la posible vulneración de los derechos de los menores que residían en la Fundación, la titular de Educación, junto a la ministra de Salud, Analía Constantini, y su par de Desarrollo Social, Luisa Cárdenas, denunciaron que en el lugar encontraron solo 25 niños y adolescentes de los 201 informados por la institución, que había por lo menos 70 cargos docentes de personas que ejercían en simultáneo en Santa Cruz y en Chaco, que Molina cobraba dos sueldos simultáneos y que faltaba información de la vinculación de los niños y sus familias de El Impenetrable, entre los puntos más llamativos del caso.
La Casa Cañadón Seco es el lugar donde la Fundación Valdocco tuvo su origen, en el año 2004, según describen en la web oficial. El perfil de la casa se fue definiendo a partir del trabajo con niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad económica, social y educativa. Más tarde, con la visibilización de los consumos problemáticos de sustancias y adicciones, se comenzó a construir como una Casa Educativa Terapéutica. Con los años, Molina se hizo cargo de lo que fue la fundación del cura Grassi en El Calafate, donde hoy funcionan una escuela primaria y una secundaria en doble turno, donde también residen niños wichis. Además de Santa Cruz y Chaco, hay sedes en Necochea y Haití.
Tras la recorrida en la sede de la Fundación, la jueza de Familia de Caleta Olivia Rosa González decidió archivar las actuaciones iniciadas por la ministra de Educación. Tras entrevistarse con los menores, consideró que todos se encontraban con la cobertura de sus necesidades sociales y espirituales satisfechas.
Son días de mucho
Ayer la jueza se expidió sobre esta situación de mierda q nos toca vivir.
Parece q la cosa no ameritaba un allanamiento político y menos revictimizar a los pibes.
Les dejo el fallo.
Lean, si quieren, la ultima parte donde Rosa le habla a los chicos.pic.twitter.com/Op7OjfvavH
— Juan Carlos Molina (@juanKa_molina) November 14, 2024
La rápida actuación de González, nombrada por Alicia Kirchner en el cargo el año pasado, generó cuestionamientos del gobierno provincial. “Quiero creer que no hay llamados, que no hay presión de parte del arco político para frenar a la justicia para que no siga investigando. Había ocho nenes, ocho criaturas que tienen los mismos derechos que tenemos todos los argentinos, que no hablan más que wichi, que no sabemos donde están sus familiares, hay muchas cuestiones para investigar. Acá hubo una denuncia y hay un proceso de investigación”, insistió Vidal.
En la denuncia por presunta defraudación que ahora realizó el gobierno provincial y recayó en el juzgado de Instrucción N°1, a cargo de Marcos Pérez Soruco, el fiscal de Estado, Ramiro Castillo, se pregunta: “¿Qué hacen menores de edad en una provincia a más de 3000 kilómetros de distancia de su lugar de origen? ¿Quién los separó de su familia? Y lo más importante, ¿cómo y por qué arribaron a Santa Cruz?”.
Entre los puntos que pide que la justicia investigue se destaca el caso de seis jóvenes que figuran en los listados de liquidación de haberes en el Consejo Provincial de Educación y que viven en la residencia. “En el establecimiento se encontrarían menores que por un lado se afirma que son vulnerables y por otro lado estarían cobrando un sueldo por prestar tareas en la Fundación, cuyo pago se realiza desde las arcas del Estado”, afirma el fiscal.
Desde el gobierno provincial, en contacto con el gobierno chaqueño, determinaron que 73 personas cumplen funciones en dependencias de ambas provincias. En el caso de Chaco, figuran en la nómina de la Unidad Educativa de Gestión Privada N°144 “Padre Severiano”, ubicado en Comandancia Frías. “Cabe destacar que se desconocen si estos sujetos residen en la provincia de Santa Cruz o en la provincia de Chaco, resultando imposible que presten tareas al mismo tiempo en establecimientos que se encuentran en polos opuestos del país”, afirma la denuncia judicial, a la que accedió LA NACION.
Molina se mostró con los jóvenes
“Tengo mucha gente trabajando en situaciones especiales acá y en El Calafate. Hablan de la vulneración de derechos. Primero dijeron que violábamos los derechos a los menores, después la falta de escolarización y después temas administrativos”, explicó Molina en una larga conferencia de prensa que dio ayer en la Fundación Valdocco. En referencia a la inspección del gobierno provincial, aseguró: “No se qué querían encontrar y no encontraron, todos los menores tienen escuela, tienen DNI, todos saben quiénes son, todos hablan con sus padres y todos tienen autorización, que están avaladas por los juzgados de cada uno de sus pueblos”.
Aseguró que existen convenios de cooperación firmados entre Santa Cruz y Chaco para que la entidad con sede en las dos provincias sea un solo lugar educativo. “Esto no es escuela, es una comunidad educativa, no somos un número de una lista de comedores”, afirmó, acompañado con los mayores de edad de la residencia. Todos los jóvenes que lo acompañaron tenían un papel con un número puesto en el pecho, para demostrar que no eran 25, sino 201. Molina explicó que el día de la inspección de la jueza gran parte de los niños y adolescentes se encontraban visitando a sus familiares en Chaco.
“Son 201, recibimos 7 millones para los dos bimestres. Por cada pibe nos dan un total de 149 pesos por comida”, afirmó Molina, y responsabilizó a los organismos de la provincia de dificultarle la regularización de los papeles. “Dicen que encontraron muchísimas irregularidades. No saben decirnos cuales”, agregó, para cerrar: “No encontraron un indocumentado, no encontraron un pibe desnutrido… no encontraron un golpeado, encontraron pibes que tienen sueños”.-
Fuente: InfoBae
