PASO, debate y publicidades: cómo es el plan de Milei para pasar la motosierra para las elecciones 2025
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno Nacional enviará en los próximos días un proyecto al Congreso para avanzar en una profunda reforma electoral, que tiene como bases la eliminación de las PASO, la reforma del financiamiento de los partidos políticos y de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
“El Gobierno Nacional va a enviar al Congreso la ley de reforma para el fortalecimiento electoral”, informó Adorni a través de un anuncio de prensa hecho esta tarde en la Casa Rosada. Se trata del avance de una serie de iniciativas que estaban insertas en la primera versión de la Ley Bases.
La inclusión de este paquete llega al filo del cierre de las sesiones ordinarias y sin haberse consensuado con fuerzas aliadas como el PRO o el MID. “Fue algo que se precipitó esta semana”, explican diferentes fuentes libertarias. Con la discusión del Presupuesto en paralelo, esperan que el debate de este proyecto implique un llamado a extraordinarias.
Y es que, de por sí, el proyecto de reforma electoral consta de diversos puntos que apuntan a retrotraer el financiamiento de parte del Estado Nacional a los partidos políticos y, además, a reducir el número de espacios tanto a nivel nacional como distrital.
“Este proyecto propone eliminar el régimen de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, más conocido como PASO, modificar la ley orgánica de partidos políticos y modificar el sistema de financiamiento de los mismos”, enumeró el vocero presidencial, dando a entender que el cuerpo del proyecto, que caerá en la Cámara de Diputados el próximo martes, tiene tres segmentos distinguibles.
Primera reforma: eliminación de las PASO
Tal y como se venía especulando en los últimos días, el Gobierno Nacional finalmente aceleró en la propuesta para dar de baja una de las dos instancias electorales obligatorias (junto a las Generales). “Lejos de cumplir el objetivo por el que fue creado, se terminó convirtiendo en una encuesta paga”, dijeron a El Cronista desde el Gobierno.
Las motivaciones para lanzarla son varias, siendo una de ellas el recorte del gasto que significaría. La realización de esa única instancia en 2023 significó un desembolso de $ 45.000 millones. Asimismo, los técnicos libertarios se amparan en el artículo 38 de la Constitución Nacional para decir que la eliminación de las PASO “ayuda a respetar el ámbito interno de los partidos”.
Los abogados del Ejecutivo afirman que no hay un plazo específico para poder eliminar esa instancia y que se puede hacer hasta el año próximo. La intención es que en las legislativas de 2025 no existan las PASO y así “exista un calendario que no desgaste a la ciudadanía”.
Ya que la baja de las PASO obliga a los partidos políticos a desarrollar sus propias elecciones, el proyecto oficial busca que se incorpore la figura de los veedores (que deberán ser solicitados por el propio espacio) y que los delitos electorales también abarquen a esos sufragios internos.
Como dato no menor, el apartado de eliminación de las PASO trae como medida directa la desregulación del debate presidencial que organiza la Cámara Nacional Electoral (CNE). Esto es porque en las Generales habrá mayor cantidad de competidores y no estará la depuración previa que suele suceder con las Primarias. “Es por eso que no hay un criterio que sea justo por el cual se pueda incluir a ciertos espacios y excluir a otros”, explican.
Segunda reforma: financiamiento de los partidos políticos
El otro apartado también tiene diversas aristas. Una es la eliminación del aporte extraordinario de los partidos políticos que el Estado Nacional hace para las campañas electorales. “La Constitución habla de mantener a los partidos, pero no sus campañas”, justifican la decisión.
Es por eso que aseguran que se mantendrá el Fondo Partidario Permanente, que garantiza un financiamiento para los partidos políticos. Pero apuntan a que los fondos a recibir por los espacios sean “cada vez más mixto y pese el aporte privado”.
Para conseguirlo, el proyecto oficial busca aumentar los topes de aportes privados desde +/- $ 40 millones a +/- $ 300 millones. Los aportes deberán ser en blanco y, como no estará regulado que tenga que ser bajo alguna moneda en particular, se podrá hacer en pesos, dólares o cualquier tipo de pago en especie que se considere pertinente. También se eliminaría el tope de gasto de las campañas.
Además, el documento prevé la eliminación de los espacios de publicidad. Al día de hoy, los medios tienen que ceder el 50% de los espacios y el Estado Nacional garantizar el otro 50%. “Esto es una violación a los derechos de propiedad de los medios, además que beneficia a sellos de goma que no tienen financiamiento”, alegan en la Casa Rosada, en donde quieren que estos espacios publicitarios muten a acuerdos comerciales entre partes.
La Justicia electoral también está abarcada por el proyecto. La propuesta del gobierno apunta a que cada cámara electoral tenga un fiscal competente.
Tercera reforma: reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos
Tanto con la segunda como la tercera reforma, en los despachos oficiales buscan que el número de espacios electorales disminuya de manera considerable. Actualmente hay 49 partidos nacionales y 743 partidos de distrito. “Hay que mejorar la representatividad de los partidos y que los sellos de goma tiendan a disminuir”, afirman.
Este segmento tiene varias partes. Por un lado, se busca facilitar la inscripción partidaria, pero endurecer las reglas de caducidad de los partidos políticos: con la normativa actual, deben sacar más de 2% en alguna de dos elecciones consecutivas; ahora se quiere pasarlo a 3%.
Además, el proyecto incrementa de 0,4% al 0,5% de los electores el requisito para que se pueda conformar un partido de distrito. Para que se pueda crear un partido nacional se pedirá que exista el reconocimiento distrital en 10 jurisdicciones diferentes y no en 5 como se requiere en la actualidad. Por último, se agrega como requisito que haya cerca de 35.000 afiliados para que un partido nacional pueda existir.
El Gobierno aclara que, en caso de aprobarse, este conjunto de reformas tendrá aplicación a partir de junio de 2026 y que no afectará a los partidos para las próximas elecciones.
Fuente: El Cronista
