Escándalo en la Justicia de Santa Fe: el senador Traferri elige a los fiscales que lo van a acusar
La citación judicial al senador santafesino Armando Traferri para ser imputado en un caso de corrupción se centrará en una batalla por la figura de la acusación. La defensa del poderoso legislador buscará desacreditar que lo señalen como organizador de una asociación ilícita que utilizó la explotación clandestina de juegos de azar, pagó coimas a la cúpula de la Fiscalía Regional de Rosario para garantizar impunidad y armó un lobby para implementar legalmente la gestión del juego online en Santa Fe. Aún es una incógnita si los nuevos fiscales a cargo del caso utilizarán la figura de la asociación ilícita.
Traferri resistió legalmente por casi cuatro años lo que ahora admite que es presentarse ante un juez por primera vez. Hacia diciembre de 2020 los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra reunieron evidencia que lo señalaba por recibir pagos del empresario del juego Leonardo Peiti que manejaba 200 locales ilegales y pagaba coimas en el más alto nivel del Ministerio Público de la Acusación de Rosario (MPA) para obtener impunidad.
El senador fue una especie de pivote de la gobernabilidad entre partidos. Así construyó sus ventajas en un Senado donde el peronismo siempre fue mayoría en los tres períodos que gobernó Santa Fe. Ahora logra algo parecido en la Justicia. Dijo que no se presentaría mientras Schiappa Pietra y Edery fueran sus acusadores. Logró que la fiscal general María Cecilia Vranicich y el fiscal regional Matías Merlo los reemplazaran. Ahora al legislador lo imputarán José Caterina, Marisol Fabbro y María de los Angeles Granato el 8 y 9 de octubre en una audiencia convocada como tráfico de influencias. Schiappa Pietra quedará como asesor ad hoc de este equipo de trabajo. Es un lugar que aparece como transaccional. No es decorativo porque puede hacer sugerencias. Pero en un caso que es suyo no tendrá la capacidad de liderar y ni siquiera intervendrá como litigante.
El argumento de Traferri para no acudir a audiencia durante cuatro años es que no podían citarlo porque sus pares del Senado no habían aceptado su desafuero ya que no fueron convencidos por los planteos de los fiscales. A la vez el legislador denunciaba la persecución en su contra como resultado de una feroz interna en el justicialismo comandada por Marcelo Sain, primer ministro de Seguridad de Omar Perotti, que según su planteo manejaba a los fiscales que lo investigaban.
Pese a que una jueza y un camarista penal concluyeron que Traferri podía ser investigado y lo citaron a audiencia el senador no lo hizo señalando que los fiscales no eran objetivos y además logró que la Corte Suprema de Santa Fe planteara, por 5 votos a 1, que la Constitución provincial amparaba su posición. El máximo tribunal nacional demora hace dos años dirimir el litigio que resuelva si lo imputan. El procurador de la Corte Eduardo Casal falló en contra de Traferri. Santa Fe es uno de los pocos distritos donde no se puede investigar a un sospechado si primero no lo despojan de sus fueros.
Pero tras las últimas elecciones, con un escenario político distinto, Traferri renunció voluntariamente a esa inmunidad y pidió él presentarse ante un juez. Se daban las condiciones que había reclamado para acudir a la imputativa. Las autoridades del MPA de la provincia habían cambiado a los fiscales que lo investigaron. A uno de ellos tras un proceso disciplinario con el que la Comisión de Acuerdos de la Legislatura lo suspendió de su cargo.
Una posibilidad es que hayan cambiado a los fiscales porque el argumento de que eran parciales debilitaba la imagen del MPA. Pero eso no deja de ser un planteo defensivo como en tantos trámites que se objetan a los acusadores o se piden nulidades. Las pruebas que señalan que Traferri cobró dinero de Peiti están en una causa penal de 2017. Eso fue un año antes de que Marcelo Sain tuviera su primer cargo formal en la provincia. El trámite donde están esas contancias, además, lo llevaba en la localidad de Melincué quien hoy es el fiscal regional de Rosario, que incluso obtuvo condenas para varios imputados.
Hace tres semanas el capitalista de juego Leonardo Peiti contó a LPO lo mismo que señaló al declarar como imputado colaborador en esta causa y que le mereció una condena a tres años de prisión: que había hecho pagos de 200 mil dólares a Traferri para la campaña política. Sostuvo además que ese dinero era para que Omar Perotti ganara las elecciones porque él aspiraba a obtener la licencia del juego online legalizado. Señaló que el diputado Roberto Mirabella le dijo en una reunión en el Hotel Apart Urquiza, donde también estaba Traferri, que el aporte había llegado a Perotti. Peiti nunca obtuvo la licencia que esperaba y Perotti rechaza el planteo de haber recibido ningún dinero del empresario.
El empresario de juego Peiti confesó en la causa por la que aceptó condena que para poder expandir su negocio entregaba fuertes sumas de dinero a importantes representantes de la política santafesina. Antes había hecho lo mismo con dos fiscales: 5 mil dólares por mes. Uno de esos fiscales, Gustavo Ponce Asahad, está condenado por eso. Y Serjal, el jefe de la regional, espera juicio.
La defensa de Traferri refuta cualquier idea de asociación ilícita. Indica que no existe la condición de despliegue en el tiempo de que vincule al legislador con el fiscal regional y con Peiti en una misma trama. A lo sumo si hubo una entrega de dinero será solo como una contribución proselitista.
Los fiscales que fueron separados del caso dicen que la asociación ilícita tuvo tres organizadores: Traferri, Peiti y Serjal.
Todo se descubrió cuando miembros de la Banda de Los Monos atentaron contra el Casino. El organizador del atentado, Maximiliano “Cachete” Díaz, tenía una relación estable con Peiti porque lo extorsionaba para dejar funcionar sus locales de juego. En base a ese vínculo le pidió una averiguación sobre dos detenidos. Peiti consultó a Nelson Ugolini que trabajaba con los fiscales Ponce Asahad y Serjal. Así Cachete, de Los Monos, recibió información sobres sus cómplices desde adentro de la fiscalía.
Serjal y Ponce eran parte del acuerdo para que el empresario Peiti trabajaba sin presión. Los fiscales mostraron pruebas de que Traferri intercedía ante ellos por Peiti. Eso según los desplazados fiscales Schiappa Pietra y Edery ocurría dos años antes de la campaña electoral que impulsaba a Perotti. Para estos fiscales, así lo dijeron en audiencia, “Traferri era la pata política de Peiti”. Para ellos la asociación ilícita vincula a la Fiscalía Regional con Peiti y a varios políticos de los que el más influyente era el senador. También se suman otros delitos concurrentes como tráfico de influencias, dávidas, incumplimientos de deberes de funcionario público y cohecho.
La defensa en su momento señaló que los fiscales Edery y Schiappa Pietra debían ser apartados porque habían trabajado de manera direccionada en favor de Sain y que esto quedaba de manifiesto en muchas evidencias de la causa llamada por espionaje ilegal que, a la postre, dejó a Sain afuera de su cargo como ministro. Edery y Schiappa Pietra lo niegan tajantemente.
Edery fue cuatro meses suspendido y está bajo investigación penal por una presunta relación irregular con Mariana Ortigala que fue testigo protegida en una causa a su cargo. Pero su colega Schiappa Pietra, que no tiene ningún reproche, también fue desplazado. En los hechos esto generó el terreno desde la misma conducción del MPA que Traferri solicitaba. Una poco usual situación en donde alguien sospechado de un delito pone las condiciones para ser imputado. Alguien que tiene mucho peso institucional además lo que deja inevitablemente sobre la selectividad hacia los factores de influencia. Y un expresivo mensaje sobre la misma conveniencia, para los que lo intenten, de investigar al poder.
Fuente: La Politica On Line
