La Justicia investiga a funcionarios y empresarios de Chaco por los desmontes de bosques nativos
La Justicia de Chaco pidió una medida cautelar para que cesen los desmontes en esa provincia del norte argentino e impulsa una investigación donde aparecen imputados funcionarios, legisladores provinciales y empresarios.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, los acusa por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y asociación ilícita. En la causa, Sabadini investiga si los acusados habrían facilitado la tala indiscriminada de árboles en territorio chaqueño.
Los siete imputados por la fiscalía son el ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Javier Halavacs; el empresario forestal y ex director de Bosques, Miguel Ángel López; el ex subsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del ministerio de Producción, Luciano Olivares; el empresario forestal y diputado provincial Atlanto Honcheruk; el diputado provincial Juan José Bergia; el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar; y el ex subsecretario de Recursos Naturales -también ex ministro de Planificación y Ambiente-, Hernán Miguel Brunswig.
Los delitos que se les imputó a los acusados son abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.
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La causa se inició el 3 de julio a raíz de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que denunció un entramado de corrupción de funcionarios y empresarios quienes habrían posibilitado la tala indiscriminada de bosques nativos en la provincia generando un daño irreversible para el ecosistema.
La maniobra se habría ejecutado a partir de recategorizaciones prediales de suelo, que posibilitaron desmontes indiscriminados en gran parte del territorio provincial.
Sabadini investiga el accionar de los acusados en la redacción y sanción de la ley provincial 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que es la norma que habría posibilitado la tala de bosques para el beneficio económico de un grupo reducido y en perjuicio de la sociedad.
Leonardo Zdero.
En el requerimiento, el fiscal pidió como medida cautelar el “inmediato cese de desmontes” en el territorio provincial, en base al “análisis de los hechos a investigar y el daño irreversible” que pueden acarrear en la medida que continúen.
“El artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, tienen como objetivo la prevención de todo daño ambiental, así como impedir su prolongación y agravamiento, por lo que se hace indispensable el dictado de una medida cautelar que persiga el cese de las consecuencias dañosas con relevancia jurídico penal, esto es toda actividad que altere negativamente el bosque nativo y ponga en riesgo el ecosistema”, remarcó Sabadini en el requerimiento.
En el cierre de la presentación se dirigió directamente a la titular del Juzgado Federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, que debe resolver su petición: “Señora Jueza, usted tiene en sus manos aportar su grano de arena en la salvación de este planeta y así demostrar su compromiso, no solo con la ley, sino con la humanidad toda”.
Además, Sabadini hizo mención a la encíclica ‘Laudatio sí’ del Papa Francisco donde consta una llamado a los gobernantes a velar por la protección del medio ambiente. El Sumo Pontífice habla en esa encíclica -uno de sus textos más famosos- de la “posible extinción humana si no se detiene la crisis climática actual”.
“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta […]. Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios”, citó el fiscal al Papa en el requerimiento.
Fuente: La Politica On Line
